Tras una jornada histórica de protesta social contra los decretos 5503 y 5515 que eliminan subvenciones, modifican tributos y centralizan el poder presidencial violando la Constitución, el gobierno ha convertido a la Central Obrera Boliviana (COB) sus ataques.

Rodrigo Paz, que no atina a darse cuenta que las organizaciones sociales se han rearticulado con la misma velocidad de sus decretos, comente graves errores políticos y jurídicos al descalificar a la cúpula dirigencial de la COB por los «fueros sindicales» con un discurso que refleja su ignorancia del tema.

Rodrigo Paz planteó que las cuotas sindicales pasen a ser voluntarias. Sin embargo, esas cuotas no son recursos del Estado, provienen de los trabajadores, por lo que la comparación con los recursos municipales es incorrecta. Corresponde a los propios trabajadores definir, en sus instancias orgánicas de decisión, si desean aportar voluntariamente. Que el primer mandatario sugiera la voluntariedad comparándola con recursos municipales constituye una clara injerencia del Estado en la organización sindical.

Por otra parte, el fuero sindical es otra cosa. Su finalidad es garantizar la libertad sindical y la protección de la dirigencia. El ingreso de la policía a las oficinas de la COB, ocurrido la mañana de hoy, constituye un acto de amedrentamiento y persecución que viola el Convenio 98 y es pasible de protección en defensa de la libertad sindical de los dirigentes y dirigentas.

Lo que algunos no entienden es que nos encontramos en otro contexto. Si bien la dirigencia de la COB cuenta con fuero sindical, estos no son simples privilegios, sino derechos que operan precisamente en contextos de persecución, como el que vive actualmente la COB.

La actitud del presidente es totalmente contraria a la Constitución Política del Estado, al incurrir en injerencia y vulnerar los derechos de los dirigentes y dirigentas sindicales. Recordemos que Bolivia ratificó los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que al ser convenios de derechos humanos gozan de rango constitucional. El Convenio 87 establece el derecho a la sindicalización y la no injerencia del Estado, mientras que el Convenio 98 garantiza que la dirigencia sindical no puede ser despedida, perseguida ni amedrentada, asegurando su estabilidad laboral hasta un año después de dejar el cargo. Ambos convenios, reconocidos por el Estado boliviano desde los años 60’ y 70’, fueron incorporados en los artículos 49 y 50 de la actual Constitución.

En el plano político, Paz entra en una lógica de desesperación al intentar reducir las movilizaciones atacando únicamente a la dirigencia. Este es un grave error, ya que en este momento nada depende sólo de ellos, existen estructuras intermedias y de base que han deliberado largamente para movilizarse. De hecho, el descontento social no solo convocó a afiliados, sino también a ciudadanía no organizada que marchó el día de ayer.

En las últimas horas decenas de organizaciones se han sumado a la movilización, entre ellas las organizaciones campesinas e indígenas que tiene su propia autonomía, además de las vecinales, colectivos, aglutinando un movimiento de movimientos. Organizaciones con dirigencias que no reciben un peso, como las campesinas que cumple cargo por turno y rotación.

Por ello reducir la discusión pública a un tema de «fueros sindicales» revela por una parte el pésimo asesoramiento del presidente, rodeado de empresarios y políticos de derecha radical, que desconocen la realidad social boliviana y por otra la minimización de las movilizaciones sin respaldo en la realidad nos muestra aun gobierno incapaz de afrontar la crisis social que exige un urgente escenario de diálogo.

Al igual que el MAS en su última etapa le queda controlar el órgano judicial, electoral y gobernar para y por la agroindustria y corporaciones como Petrobras.