Entre gallos y “medianoche”, mientras el país está pendiente del partido Bolivia vs. Surinam y mientras La Paz sigue atravesada por el paro y los bloqueos por la crisis del combustible, la Asamblea Legislativa sancionó el PL 157/2023-2024. El proyecto viene desde 2023 y fue repuesto en la actual legislatura por Branko Marinkovic, senador y empresario cruceño ligado al sector agroempresarial.
El proyecto autoriza la conversión de la pequeña propiedad titulada en propiedad mediana, a simple solicitud, de manera gratuita, en un plazo máximo de 10 días hábiles, dejando la verificación de la Función Económico Social para 10 años después.
La Fundación TIERRA en diferentes estudios señala que la pequeña propiedad está orientada al sustento del productor y su familia y, por eso es indivisible, inembargable e irreversible, mientras que la mediana propiedad puede dividirse e hipotecarse. En resumen mas facil de expropiación y acumulacion en pocas manos, pues los vendedores serían familias campesinas con títulos individuales, mientras que los compradores serían grandes empresarios agropecuarios, ganaderos o actores vinculados a la expansión inmobiliaria.
Recordemos que la Ley de Exvinculación de 1874 individualizó la relación con la tierra, desconoció a las comunidades como sujetos jurídicos y abrió el camino para la venta y fragmentación de las tierras, proceso que costaron vidas y luchas hasta finalmente llegar a la Revolución Agraria del 1952. El PL 157/2023-2024 vuelve a actuar sobre la misma materia, pues al cambiar el régimen de propiedad desplazándola hacia otra más expuesta a la hipoteca, la compraventa y la concentración de la tierra en pocas manos. En la parte andina esto es todavía más grave, porque el saneamiento simple ya había afectado la propiedad colectiva organizada por medio del ayllu mediante titulaciones a nombre de los “jefes de familia”; ahora esa tierra previamente individualizada es empujada un paso más hacia el mercado. En tierras bajas la situación se agrava cuando el interés del agronegocio en el oriente boliviano busca un armazón jurídico que legalice el despojo territorial de pueblos, comunidades campesinas e indígenas.
La justificación del proyecto en nombre de la producción y el crédito no tiene bases en la realidad. La producción depende de agua, riego, semillas, caminos y respeto a sus recursos naturales y el medio ambiente. El financiamiento en la práctica es la subasta de la tierra.
Cuando Ellen Meiksins Wood estudio la importancia de la tierra para la acumulación y el despojo lúcidamente explicó que el capitalismo no le debe su origen y desarrollo a la “modernidad” en abstracto ni en la tecnología o la llamada inversión privada, sino en una transformación agraria basada en el despojo del área rural y en la reorganización del campo para la acumulación.
Hacer que el territorio rural quede más subordinado a las exigencias del mercado, sin control ni del Estado, a través del INRA, ni de las propias organizaciones indígenas como sujeto colectivo, termina por sentar las bases que permitirán que gente como Marinkovic y otros se adueñe del país por completo, generando contextos de represión y muerte a título de defensa de la «propiedad privada» como en países vecinos, caso Guatemala, Colombia, Brasil.
Por lo tanto, estamos ante una ley que busca romper el tejido social, organizado e históricamente resistente, individualizando la propiedad agraria en dirección del despojo. Con ello, profundiza la fragmentación territorial y social, y contribuye a descomponer las bases materiales y simbólicas que el sector campesino agrario que es el que realmente lleva la comida en la mesa, sabemos que el agronegocio exporta y sus ganancias no benefician al consumo interno y menos contribuyen a reducir las desigualdades estructurales, al contrario, las profundiza.
Finalmente, desde un marco constitucional como el boliviano, una medida de esta naturaleza no solo resulta contraria a los derechos colectivos, sino que constituye una forma de violencia estatal, más aún cuando esta ley se impone sin consulta, sin consentimiento y sin respeto a la jurisdicción indígena sobre temas de territorio y justicia. Por eso es importante hablar de una defensa urgente de nuestra Constitución frente a este tipo de leyes altamente regresivas.
Es momento de escuchar las movilizaciones de los sectores sociales y el cabildo del senador Condori, este 11 de abril, para romper con la falsa sensación de seguridad con el que el gobierno de Rodrigo Paz y los asambleístas actúan, a espaldas y sin ningún tipo de freno social ni constitucional.
Si el pueblo no se levanta ahora, este mal gobierno avanzará sobre los territorios que nos dan de comer, y pronto veremos cómo los pequeños productores, comerciantes y trabajadores informales estarán atrapados por un régimen laboral y de propiedad mucho más adversos de lo que imaginamos.
Espero que la COB y la CSUTCB, sectores vecinales y de transporte y otros sectores movilizados, entiendan los desafios que se vienen y se articulen; y que la población se de cuenta de los impactos mucho mayores de estas medidas en nuestra economía.
ojalá.
Magali Vianca 