En su discurso presidencial, Rodrigo Paz dijo que no va a dialogar con “vándalos”, pero ¿quiénes son los vándalos de los que habla el presidente?
Circula en redes un video donde tres mujeres de pollera son interceptadas por efectivos policiales que, de manera prepotente, revisan sus pertenencias y encuentran en sus aguayos un chicote o k’orawa, en aymara, el cual es parte de la simbología que portan en sus ropas como autoridades indígenas originarias y, en este caso, como mama t’allas o mama autoridades. De acuerdo con sus estatutos, es obligatorio que dichas autoridades lo porten dentro y fuera de la comunidad.
Tratar de “vándalos” a los manifestantes es una forma de criminalizar la protesta social, pero en este caso es aún más grave, porque la Constitución Política del Estado reconoce expresamente la condición igualitaria de las autoridades indígenas originarias en relación con cualquier autoridad, incluso el Presidente. Su condición de autoridades está expresamente protegida por el art. 192 de la CPE, que dispone que “Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena…”. Estas autoridades merecen respeto como un fiscal, un juez o cualquier funcionario, pues son autoridades sin sueldo, que cumplen un mandato jurisdiccional, público y una labor plenamente respaldada por la Constitución y sus sistemas jurídicos.
Felipe Quispe, El Mallku dijo: vamos a “dialogar de presidente a presidente”. Esta frase histórica significa que dialogar no es una opción ni depende del “querer” del presidente. Dialogar de presidente a presidente es un mandato constitucional. Las autoridades indígenas en conjunto son el “presidente” al que se refirió el Mallku, dialogar de presidente a presidente es comprender la condición de autoridad que tienen las naciones que configuran la razón de Estado y la idea central de una sociedad plurinacional.
En consecuencia, obviamente las autoridades originarias no pueden ser tocadas por la policía, pues su trabajo es respetar a todas las autoridades originarias por igual. El art. 179.II de la CPE establece que la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria gozan de igual jerarquía. Sustraer sus chicotes es como quitarle el mazo o martillo al juez, pero a diferencia de los jueces que se quedan protegidos en sus oficinas, los jueces indígenas son de territorio y portan sus chicotes en cualquier parte del país. Por eso merecen respeto.
Esto no es solo grave por tratarse de mujeres de pollera, no es solo grave por tratarse de mujeres aymaras, es grave porque son autoridades plenamente protegidas por la Constitución.
Cuando el presidente dice que no negociará con “vándalos”, está disfrazando con palabras y encubriendo la condición real de los movilizados, naciones y pueblos que tienen un mandato social, el de pedir su renuncia precisamente por desconocer e irrespetar su cargo, UN PRESIDENTE QUE NO QUIERE DIALOGAR DEBE RENUNCIAR, sino, ¿para qué está en el cargo?
No son solo movimientos sociales, son gobiernos indígenas con carácter de nación, en palabras simples, el gobierno no quiere dialogar con las NACIONES.
Quiero ver al Grupo de Juristas Independientes, a Juan del Granado, a José Antonio Rivera, a María Elena Attard, a la Defensoría del Pueblo y a todos esos abogados que hoy salen a hablar de reforma judicial, independencia judicial y justicia en Bolivia, salir también en defensa de la labor constitucional de las autoridades indígenas. Quiero ver si esa preocupación por la justicia alcanza para mirar este atropello contra mujeres aymaras autoridades, o si la reforma judicial de la que hablan solo sirve para discutir jueces, fiscales y tribunales ordinarios, dejando otra vez fuera a las jurisdicciones indígenas y a las autoridades que la propia Constitución reconoce. Porque, en este momento, no estamos frente a un simple abuso policial, estamos frente a un desconocimiento directo del pluralismo jurídico, de la igual jerarquía jurisdiccional y de la dignidad constitucional de las autoridades indígenas originarias.
Es inaudito, ilegal y totalmente arbitrario que un presidente del Estado trate de criminales a autoridades indígenas. Es como llamar a incumplir la Constitución y las leyes (normas y procedimientos de los pueblos). Cualquiera que revise un estatuto indígena, un estatuto orgánico o un reglamento sindical, encontrará claramente establecida la obligación de portar chicote, manta y ropas según cada pueblo y nación (ver foto del estatuto de mi nación Quillakas). Ese mandato es ley, y las leyes indígenas son de igual valor que las leyes del Estado.
Da rabia pensar que el Presidente no conocen la Constitución Política del Estado y se entiende la ilegal y arbitraria intervención de la policía, tienen luz verde para masacrar “vándalos”. Qué lamentable ver que su racismo y su ignorancia pueden más que su compromiso con la Constitución y las leyes de este país.
Por eso Rodrigo Paz debe irse. Debe irse de este país que no entiende, que no conoce, que le resulta ajeno. Bolivia es una Bolivia con naciones y pueblos que exigen respeto a sus normas, a su simbología y a su historia. ¿Por qué tener un presidente que no sabe nada del país que gobierna y que, al contrario, lo desprecia, pero quiere seguir en el poder? Que se vaya a España, su país natal; que se vaya a la casa de su padre, Jaime Paz Zamora, quien en 1990, ante la marcha indígena, tuvo al menos la postura de encontrarse con los marchistas en carretera y pedir diálogo. Así nacieron las reformas constitucionales de 1994, las TCO y las autonomías indígenas. No fueron dádivas del poder, fueron resultado del DIÁLOGO que permite transformaciones institucionales reales, como las de ese Estado pactante del que nos habla Rossana Barragán.
Que se vaya si no quiere dialogar con las naciones. Que se vaya a la patria de castillos y princesas, donde sueñan con gobernar con familias reales, alfombras rojas y gente blanca vestida de marca.
Que se vaya!
Magali Vianca 