TRAS FALSO DIÁLOGO CON LA COB EL GOBIERNO DE RODRIGO PAZ DICTA ESTADO DE EXCEPCIÓN

¿Qué sentido tiene dictar un estado de excepción después de firmar un acuerdo con la COB? Tras un verdadero diálogo no vienen la represión, la persecución ni la tortura, como ya ocurrió hasta la fecha. Precisamente por eso, el estado de excepción revela que aquello no fue un diálogo real, sino un acuerdo firmado con una cúpula dirigencial sin bases, sin participación efectiva de los sectores movilizados y sin ninguna garantía concreta por parte del Gobierno.

Ese acuerdo puede prometer el cielo y las estrellas, pero no tiene fuerza social que lo sostenga. No expresa la voluntad de quienes están en las carreteras, en las comunidades, en los puntos de bloqueo y en las movilizaciones. Por eso, al día siguiente, en la madrugada de hoy, Rodrigo Paz dicta un estado de excepción, porque el acuerdo no pacificó nada, no resolvió nada y no dialogo con lo sectores campesinos del pais.

El falso diálogo se produce, además, después de graves atropellos a los derechos humanos cometidos por la Policía, sobre todo contra campesinos y campesinas movilizadas, pero también contra transeúntes detenidos por sacar fotografías y contra periodistas. Se da en un contexto social atravesado por el racismo y la discriminación, donde vestir pollera, portar una k’orawa o llevar un chicote es motivo suficiente para ser tratados como delincuentes. Decenas de personas fueron aprehendidas, agredidas y torturadas bajo esa lógica de criminalización.Después del “diálogo” tampoco se liberó a los detenidos. En el acuerdo se dice que se decide “gestionar”, excelente palabra para decir que no se hará nada. Es obvio, los detenidos no son de la COB, sino de sectores rurales, de la Federación Túpac Katari, de Potosí y de otras federaciones del país.

En todo este tiempo, Paz fingió apertura, simuló diálogo y esperó que los bloqueos desgasten la situación de crisis, cuyos costos recaen sobre la población. Pero cuando advierte que el conflicto no se desactiva, responde con un estado de excepción que clausura toda posibilidad de diálogo. La nueva condición política parece ser: O “dialogas” bajo mis condiciones o bala contra quienes insisten en movilizarse.

En ese escenario, Mario Argollo, heredero de la tradición dirigencial más nefasta que nos legó el MAS, prioriza sus intereses personales y negocia por debajo de la mesa. Mientras obliga al Gobierno a “reconocer” el carácter histórico de la COB, acepta migajas sectoriales y traiciona a quienes fueron los verdaderos protagonistas de la movilización.Con su puño y letra, Argollo sepulta las aspiraciones obreristas de la izquierda nacional y carga ahora con el estado de excepción como la peor derrota histórica de ese sector social.

El pacto con la COB no expresa una victoria obrera ni popular; expresa una claudicación dirigencial frente a un Gobierno que no pudo dialogar con los sectores realmente movilizados.Por eso, el estado de excepción no es una muestra de fortaleza, sino la derrota política de un Gobierno incapaz de dialogar con el país movilizado.

En este contexto, la prensa, en su mayoría, cumple su peor papel. Mientras coloca el foco en el pacto de traición de la COB, produce una narrativa que sitúa al evismo en el centro de todo, encubriendo la magnitud de los bloqueos y la diversidad de sus verdaderos promotores y la indignación social frente a los retrocesos y atropellos del Gobierno de Rodrigo Paz. Y lo peor ahora se esfuerzan por reforzar una narrativa del estado de excepcion como formula!

ESTADO DE EXCEPCION Y PACTO RACISTA

La pregunta de fondo es otra: ¿qué pasa en una sociedad polarizada como la nuestra cuando el Gobierno se alinea con las clases que claman por la eliminación del otro grupo social, convirtiendo ese clamor en la base de un estado de excepción?

Toda la disputa de narrativas, las peleas en redes y la efervescencia racista y discriminatoria terminan cerrando con un giro autoritario. Lo que se presenta como pacificación es, en realidad, la clausura de toda posibilidad de diálogo, de alternativa política y de respuesta democrática al conflicto.

“Mano dura con los indios y campesinos”. Ese fue el clamor del Comité Cívico cruceño y de las cooperativas mineras, que en una alianza silenciosa cerraron filas con el Gobierno. Ahora también lo hace la COB. El estado de excepción aparece, así, como el punto de encuentro entre el Gobierno, sectores empresariales, cooperativas mineras, dirigencias burocratizadas y clases medias atravesadas por el miedo y el racismo.

Cuando el Estado activa la “violencia autorizada” desde esas condiciones, no estamos ante una simple medida de orden público. Estamos ante el cierre de filas de una clase, de un sector económico y de un poder elitista empresarial al que ya no le importa matar para mantener sus privilegios.

El problema es que el estado de excepción se instala sobre una clase que ya venía pidiendo castigo, represión y eliminación del “otro”. Ese “otro” no es abstracto, son cuerpos, familias, madres, padres, abuelos niños, son territorios que en este momento son el objetivo de toda esa movilización militar y policial que se despliega con la cobertura de los medios.

El Presidente, a nivel internacional, instaló una narrativa según la cual estas movilizaciones masivas serían obra de una “minoría” de salvajes y vándalos.Con ello construyó una narrativa de “subhumanidad” descartable y eliminable.

ESTADO DE EXCEPCION Y CRISIS ECONOMICA

Este gobierno, como no tienen un proyecto económico real para salir de la crisis; al menos, no uno en el que no sean únicamente ellos los salvados. Por eso la salida autoritaria les resulta funcional, les permite evitar el debate político de fondo y desplazar la crisis hacia los cuerpos de quienes protestan.

Saben también que la movilización masiva que posibilitó la abrogación del Decreto 5503, la marcha indígena que logró la abrogación de la Ley 1720 y esta marcha que está a punto de expulsarlo políticamente del poder ya no pueden ni quieren dialogar bajo sus condiciones. No les conviene dialogar, porque un diálogo real implicaría reconocer la fuerza política de los sectores indígenas y campesinos.

Saben, además, que los únicos que pueden garantizar que no existan retrocesos económicos y de derechos, cambio constitucional, privatización ni saqueo de recursos como el litio son los sectores indígenas y campesinos del país. Ahora con este estado de excepcion tienen garantizando un contexto autoritario en la que sus medidas legales y economicas buscan no tener contestación social. Hoy queda claro que la organización rural indígena y campesina sigue siendo una de las pocas fuerzas capaces de interrumpir el avance autoritario y extractivista. La estructura orgánica, histórica y el control territorial autónomo que poseen estos sectores los privilegia como sujeto político fundamental en el contexto actual. Si en el pasado algunos indianistas predijeron que, por las políticas de prebendalización, este sector dejaría de ser sujeto político, se equivocaron.

Estamos en un momento en el que la única garantía de resistencia viene de esa indiada rural organizada, compacta y sólida, capaz de ir contra este Gobierno, contra sus dirigencias corruptas y contra una clase racista que busca justificar su asesinato.

Prueba de ello es que en el falso diálogo con la COB se acordó no privatizar los recursos naturales, pero al mismo tiempo se aceptó participar en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional —FMI—. Esa decisión supone abrir la puerta a condiciones que usualmente implican medidas de desregulación estatal, ajustes económicos y beneficios para corporaciones interesadas en nuestros recursos, litio, minerales y otros bienes comunes.

Recordemos que la peores medidas económicas antipopulares fueron en estado de excepción y dictadura. Cabe recordar que, durante las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX, cuando se caminaba con el testamento bajo el brazo, América Latina fue parte del llamado Plan Cóndor. La región fue usada como laboratorio para imponer, el llamado Consenso de Washington; es decir, medidas de ajuste estructural imposibles de implementar por vías democráticas.

En Bolivia, hoy, cuando las cargas más pesadas de la crisis se yerguen sobre las espaldas de la clase más pobre, obrera, campesina y trabajadora, sobre todo de las mujeres, al Gobierno no le interesa dialogar. Le interesa consolidar los intereses de la clase que representa, empresarial, mayoritariamente cruceña y vinculada a corporaciones económicas como las cooperativas mineras, con quienes este Gobierno maldito ya pactó.

DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y MEMORIA

En 1979, cuatro mujeres, entre ellas Domitila Chungara, se pusieron en huelga y tumbaron a la dictadura de Banzer. Mujeres obreras, amas de casa, cuya memoria la COB pisoteo.

En realidad, la democracia de la que tanto se llenan la boca esos “ciudadanos de bien”, que se arrodillan pidiendo a Dios que mate a esos “salvajes indios”, existe gracias a la lucha de ese mismo pueblo que puso el cuerpo y la vida para que otros gocen de los privilegios que hoy tienen.

Esa democracia es la que hoy está en riesgo. No solo porque tenemos una parte de la clase media y alta dispuesta a rifarla, sino porque estamos en un contexto global bastante complejo, un bloque de gobiernos de derecha radical en el mundo, a la cabeza de Trump, cuya arma principal es la matanza y el régimen de terror, y que se lanza en Bolivia la misma receta al Gobierno inútil de Rodrigo Paz.

En estos momentos, cuando el movimiento campesino e indígena advierte el grave riesgo que acontece, intuye que todos debemos salir a las calles. No se trata únicamente de apoyar una demanda sectorial; se trata de defender la posibilidad misma de una salida democrática frente al autoritarismo.Esto no es aquella escena teatral de Zúñiga entrando con su tanque a la plaza, mientras el Ministro de Gobierno le golpeaba la ventanita. Estamos en un momento en el que los tanques, militares y demás fuerzas del “orden” ya tienen licencia para matar campesinos, opositores, intelectuales y, creo, a cualquiera que signifique un riesgo. Cualquiera puede ser arrestado, encarcelado o amenazado.

Foucault decía que, en un régimen de este tipo, la micropolítica opera, el agente será tu vecino, tu colega, ese que piensa que debes morir o ser encarcelado por pensar diferente, por ser moreno o por portar una Wiphala. El autoritarismo no funciona solo desde arriba; también se reproduce en la vida cotidiana, en la vigilancia social, en la denuncia, en el insulto y en el deseo de castigo.

Hace unas semandas fue el aniversario del departamento de Chuquisaca. Me acerqué a un puesto de venta de banderas en la calle y pregunté si podían venderme una Wiphala. La casera, en voz baja, me pidió que me acercara y, a escondidas, me vendió una Wiphala a 15 bolivianos. Me dijo que no las saca porque le gritan feo; le dicen que eso es de indios, de masistas.

También me contó la vendedora que le riñeron porque las banderas debían decir “Sucre” y no “Chuquisaca”, en un marcado desprecio por el mundo rural en aquella ciudad. Esa escena mínima revela algo enorme, incluso los símbolos indígenas deben ocultarse, venderse en voz baja, circular con miedo.No pasaron ni dos cuadras cuando, desde movilidades privadas, comenzaron a gritarnos a mi esposo y a mí, “indios de mierda”, “masistas de mierda”, solo por portar la Wiphala en pleno desfile. Solo los sectores campesinos la llevaban tímidamente en la fila del desfile.

Por eso, la rápida desacreditación del Gobierno, que ahora pretende imponerse mediante la fuerza, la violencia y el terror, no va a resolverse con un estado de excepción. Al contrario, esta medida puede acelerar la indignación social y profundizar la ruptura política que el Gobierno quiere evitar.

Creo que esta afrenta no tendrá otro impacto que la aceleración de una movilización social masiva y contundente. Es posible que, en las próximas horas, dirigentes se declaren en la clandestinidad. Pero también es posible que este estado de excepción termine mostrando aquello que el falso diálogo quiso ocultar, que el país movilizado no fue derrotado, sino desconocido, reprimido y traicionado.

A la lucha de ese pueblo, hoy esparcido en las calles, hoy traicionado, le debemos el retorno a la democracia en Bolivia, y esa esa victoria historica social que ahora esta en grave riesgo.